La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) recoge el guante lanzado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y exige al gobierno español la puesta en marcha de un plan de estímulos para reforzar los firmes de carreteras.
En concreto, pide la aplicación de medidas similares a las existentes en el sector automovilístico con el «programa de incentivo al vehículo eficiente» (más conocido por sus siglas bajo el nombre: PIVE). Dichas medidas tendrían como objetivo la conservación de la red viaria y partirían de unos principios similares al PIVE: «los pavimentos en buen estado de conservación tienen una influencia directa sobre el consumo energético, el medio ambiente y la seguridad vial«.
Según ASEFMA, el plan de estímulos debería estar dotado de un presupuesto de 3.200 millones de euros, a repartir entre Estado y Comunidades Autónomas. No sería, sin embargo, suficiente para subsanar el déficit acumulado en refuerzo de firmes de la red viaria española. En la actualidad ya supera los 5.500 millones de euros y, según afirma la patronal de fabricantes de asfalto, son consecuencia directa de la ausencia de licitaciones de rehabilitación de firmes, obra de clave 32.
«Los 572 millones licitados en refuerzos de firmes en 2007 pasaron a 560 en 2008 para caer hasta 24 millones en 2009 y remontar ligeramente a 37 en 2010. El desplome total, a cero, llegó en los años 2011 y 2012. En 2013 la licitación para firmes fue de tan sólo 11 millones. Esta situación deja a las carreteras españolas en el peor grado de deterioro de los últimos 25 años y a la industria del asfalto en una situación agónica, de la que es muestra la caída histórica de la producción, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y el cierre de empresas»
Asefma, 14 de marzo de 2014.
La situación de la red viaria española vive uno de sus peores momentos. Dicha situación sólo puede revertirse mediante la ejecución de políticas de conservación de carreteras. Los planes de choque no resuelven una situación que comienza a adquirir un carácter crónico, los planes de incentivos pueden ser un aliciente pero no son suficientes.
Parece pues imprescindible una Ley integral que obligue a las Administraciones Públicas a destinar recursos anuales a conservación de carreteras; una ley que tome en consideración el valor patrimonial de la red y el uso real de la carretera frente a otras infraestructuras de transportes; una ley que reclaman todas las entidades del sector agrupadas en la Asociación Española de la Carretera (AEC) y que materializaron mediante la firma del «manifiesto a favor de la carretera».